Desde 'Segunda Cita', blog de Silvio Rodriguez
Por Reed Lindsay y Daniel Montero
Hace seis años, el negocio de taxis de Oscar Álvarez estaba en su apogeo.
“Apenas tenía tiempo para descansar”, dice. “Recogíamos pasajeros en la terminal de cruceros y no parábamos en todo el día”.
Hoy Álvarez a menudo tiene dificultades para encontrar un pasajero.
“Realmente
se sintió la diferencia cuando pararon los cruceros americanos”, añade
mientras espera clientes en La Habana Vieja junto a un Cadillac
descapotable rojo del año 58. “Dejaron un gran vacío, y no solo para
nosotros. Le daban vida a toda la ciudad”.
Desde
2017 Cuba ha estado sujeta a una avalancha de sanciones estadounidenses
impuestas por Donald Trump y mantenidas en gran medida por Joe Biden.
Algunas, como la prohibición de cruceros (2019), han golpeado la
economía cubana, incluido su incipiente sector privado.
Entre las sanciones más dañinas se encuentra la activación de una disposición oscura, pero potente, conocida como Título III.
Como
parte de la Ley Helms-Burton (1996), el Título III permite a los
estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas durante la
Revolución Cubana demandar a las empresas que hagan negocios en esas
propiedades. Suspendida durante dos décadas, la activación de esa
disposición bajo Trump disuadió a empresas e inversionistas de hacer
negocios en Cuba por temor a verse arrastrados a litigios en Estados
Unidos.
Aun
cuando la disposición ha sido apoyada por cubanoamericanos de línea
dura y por antiguos propietarios como una forma justa de compensación,
su activación resultó en un éxodo de capital de la isla, exacerbando una
crisis económica en Cuba que ha alimentado una ola histórica de
migración a Estados Unidos.
“Personalmente
fui testigo de la pérdida de cientos de millones de dólares de posibles
inversiones”, dice Gregory Biniowsky, un abogado canadiense que
representaba a empresas interesadas en invertir en Cuba. “Todo se ha
descarrilado”.
Registros
judiciales y entrevistas con cabilderos y altos funcionarios de la Casa
Blanca de Trump, incluidos John Bolton y Mauricio Claver-Carone,
revelan lo que estaba sucediendo tras bambalinas para hacer del Título
III el eje de una política de “máxima presión” hacia Cuba.
Documentos y conversaciones narran cómo una campaña de cabildeo,
financiada por los herederos de familias adineradas que alguna vez
tuvieron propiedades y negocios en la isla, empujó a los niveles más
altos del Gobierno estadounidense a activar la ley.
Una de esas familias es la del difunto magnate de las telecomunicaciones Sosthenes Behn, cuyos descendientes podrán gozar pronto de un pago de cientos de millones de dólares gracias al Título III.
El
Gobierno cubano no tendrá que pagarle a la familia Behn. En cambio,
cuatro corporaciones privadas, tres de ellas con sede en Florida, corren
el riesgo de pagar 450 millones de dólares (incluidos 10,7 millones en
honorarios legales) después de una decisión disruptiva de un tribunal
federal.
El
año pasado, la jueza del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, Beth
Bloom, dictaminó que Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line y Royal
Caribbean Cruises, las tres con sede en Miami, además de MSC Cruises,
con sede en Ginebra, eran responsables de “traficar” la propiedad
expropiada de la familia Behn, un conjunto de tres muelles en La Habana
donde las compañías de cruceros desembarcaron a cientos de miles de
ciudadanos estadounidenses entre 2016 y 2019.
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Crucero en La Habana, 2016. Foto: DJ
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Primeras demandas en Miami a través de la Ley Helms-Burton
Barack
Obama respaldó los cruceros como parte de su crucial reconciliación con
Cuba. Pero Bloom consideró que las visitas de los cruceros eran viajes
ilegales. El fallo podría tener repercusiones económicas significativas
para Cuba, que no forma parte de la demanda, pero ya está sintiendo los
efectos de la controvertida ley en que se sustenta.
“Las
cantidades de dinero son enormes”, explica William LeoGrande, profesor
de Gobierno de la American University en Washington D.C. “El hecho de
que esto haya tenido éxito será un verdadero disuasivo para que otras
empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, hagan negocios en
Cuba”.
El
2 de mayo de 2019, una de las primeras demandas del Título III fue
presentada por Javier García-Bengochea, un neurocirujano jubilado
radicado en Jacksonville, exigiendo daños y perjuicios contra las
compañías de cruceros por el uso de los muelles de Santiago de Cuba,
donde su familia alguna vez tuvo negocios.
“Por
primera vez en cincuenta y nueve años, una víctima estadounidense de
robo por parte del régimen de Castro puede presentarse legítimamente
ante ustedes públicamente y hacer valer sus derechos de propiedad”, dijo
García-Bengochea a los periodistas fuera del tribunal federal en Miami
después de presentar su demanda.
El desdén de
García-Bengochea por el Gobierno cubano es común en la comunidad
cubanoamericana, concretamente en el sur de Florida, el área con mayor
concentración de esa comunidad en el país. Algunos de ellos han esperado
décadas para presentar sus reclamaciones del Título III ante
tribunales.
Pero no todos los reclamantes han sido cubanoamericanos.
El
bisnieto de Sosthenes Behn, Mickael Behn, era un ciudadano
estadounidense que vivía en Londres cuando se unió a Bengochea para
llevar a cabo el primer litigio del Título III. Mantuvo el reclamo de la
familia Behn a través de la empresa Havana Docks, con sede en Delaware
(que tenía un pequeño grupo de accionistas, incluido el multimillonario
Warren Buffett), mientras las demandas seguían su curso en el tribunal
de distrito. La mayoría de las acciones de Havana Docks se dividieron
entre Behn y sus dos primos que, según documentos judiciales, vivían en
Francia.
Mickael
Behn se pasó la vida yendo a las reuniones de accionistas de la empresa
con la exclusiva esperanza de recuperar los muelles de La Habana.
“Los
hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista vinieron y le
robaron nuestra propiedad a mi abuelo”, dijo conteniendo las lágrimas
después de presentar la demanda.
El
reclamo de la familia Behn sobre los puertos se remonta a los días en
que Sosthenes estaba al frente de la International Telephone &
Telegraph (ITT), conglomerado que expandió su imperio de comunicaciones y
producción industrial por todo el mundo.
De Hitler a Batista
Sosthenes
Behn nació en 1884 de madre francesa y padre danés —cónsul de Francia
en las Islas Vírgenes. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el
Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos y luego trabajó como
corredor de azúcar en Puerto Rico antes de adquirir una compañía
telefónica local con su hermano Hernán. En 1920 fundaron la ITT y diez
años después habían construido un imperio mundial de
telecomunicaciones.
Sosthenes
residía en el Hotel Plaza de Nueva York y dirigía las operaciones de su
empresa desde un salón de lujo en lo alto de un rascacielos de 34 pisos
construido en 1928 para la ITT.
Apodado el “Príncipe de los Teléfonos”, según el libro de Anthony Sampson The Sovereign State of ITT, se le conocía por aprovechar las conexiones políticas en el extranjero para conseguir contratos gubernamentales.
En
España, Sosthenes adquirió el control del sistema telefónico nacional
tras no escatimar gastos y atenciones con funcionarios del régimen de
Francisco Franco.
En
1933 se convirtió en el primer “representante de las finanzas
estadounidenses” en reunirse con Adolf Hitler, según documentos de
archivo de The New York Times.
Sosthenes aseguró ganancias para su empresa mediante la producción de
aviones de guerra nazis por parte del fabricante Focke-Wulf antes de que
el control operativo de la ITT sobre sus filiales alemanas se
extinguiera durante la guerra.
Según
Sampson, Sosthenes ayudó a “construir la maquinaria de guerra nazi,
desde sus comunicaciones hasta su armamento”, antes de apoyar el
esfuerzo bélico de Estados Unidos.
“Mientras
los aviones Focke-Wulf de la ITT bombardeaban barcos aliados y las
líneas de la ITT pasaban información a los submarinos alemanes, los
radiogoniómetros de la ITT salvaban a otros barcos [aliados] de los
torpedos [alemanes]”, escribe Sampson.
Dos
décadas después de la guerra, la Comisión de Resolución de
Reclamaciones Extranjeras (FCSC, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a la ITT 27 millones
de dólares en compensación por las pérdidas sufridas en Alemania,
incluidos 5 millones de dólares por los daños causados por los
bombarderos aliados a sus fábricas de aviones Focke-Wulf.
La
inclinación de Sosthenes Behn por acercarse a figuras políticas se
extendió a América Latina, y en específico a Cuba, donde cortejó a
funcionarios para que favorecieran a la Compañía Cubana de Teléfonos,
controlada por la ITT, según el fallecido embajador estadounidense
Spruille Braden. En sus memorias, Braden escribió que Sosthenes rechazó
su solicitud de dejar de pagarles a funcionarios cubanos durante el
primer Gobierno de Fulgencio Batista. Según Braden, Sosthenes le dijo
que necesitaba mantener al menos “un pequeño soborno” que estimó en 30
mil dólares anuales.
Durante
la campaña presidencial de 1960, John F. Kennedy criticó el regalo de
un teléfono bañado en oro a Batista por parte de la ITT. Para Kennedy,
los negocios de la ITT en Cuba constituían un símbolo de cómo el
Gobierno de Estados Unidos daba la impresión de estar “más interesado en
recibir dinero del pueblo cubano” que en ayudar a su economía. El
teléfono dorado, actualmente en un museo de La Habana, fue recordado en El Padrino II, filme en el que una versión apenas velada de Batista presume el regalo en una reunión con ejecutivos y jefes de la mafia.
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| Museo de la Revolución, La Habana, Cuba.Teléfono laminado en oro que
fue regalado a Batista por la International Telegraph and Telephone
Company (ITT). |
Los teléfonos no eran el único interés comercial de Sosthenes en Cuba.
En
1917 formó la corporación Havana Docks, con sede en Delaware, que
adquirió una concesión para operar un negocio de carga y descarga de
mercancías en tres muelles de la capital cubana.
Esperando el cambio de régimen
Fallecido en 1957, Sosthenes no vivió para ver evaporarse sus negocios cubanos.
En
marzo de 1959, dos meses después de que las fuerzas guerrilleras de
Fidel Castro llegaran a La Habana, el Gobierno Revolucionario tomó el
control de la Compañía Cubana de Teléfonos y ordenó reducir sus tarifas.
Un año y medio después, el Gobierno cubano tomó el contrato de
arrendamiento de Havana Docks para operar los muelles, así como todas
las demás participaciones de empresas estadounidenses que hacían
negocios en Cuba.
Los magnates del azúcar, los mafiosos, las corporaciones multinacionales, los dueños de negocios, ninguno se salvó.
Según
historiadores y otros expertos en Cuba, las amplias nacionalizaciones
no se llevaron a cabo de manera repentina ni violenta, sino por decretos
y durante un período de varios meses.
“Llamarlo
robo, dado que el Gobierno cubano siempre estuvo de acuerdo con el
principio de compensación, sería una simplificación”, dice Richard
Feinberg, quien sirvió como director principal para Asuntos
Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de
1993 a 1996.
La
Ley 851 de Cuba, que autorizó las nacionalizaciones, establecía la
compensación a los dueños estadounidenses expropiados en forma de bonos a
30 años, financiados con ventas de azúcar a Estados Unidos.
Sin embargo, había un problema importante.
El
Gobierno de Estados Unidos había bloqueado las importaciones de azúcar
desde Cuba, en ese momento el eje de la economía de la isla.
La
posibilidad de una compensación se volvió aún más remota a medida que
empeoraron las relaciones entre los dos países después de la
proclamación del embargo estadounidense y la invasión de Bahía de
Cochinos en 1961, diseñada por Estados Unidos.
De
1964 a 1972, la FCSC (la misma entidad que compensó a la ITT por sus
propiedades alemanas dañadas) revisó y certificó cerca de 6 mil
reclamaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba, incluida una de
Havana Docks por 9,17 millones de dólares.
El
propósito del Programa de Reclamaciones sobre Cuba de la FCSC era
ayudar a adjudicar compensaciones para los propietarios en futuras
negociaciones de acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Pero
durante casi medio siglo, el Gobierno de Estados Unidos no dio ningún
paso hacia la negociación, según Johannes Werner, editor de Cuba Standard,
un servicio de noticias digitales sobre la economía cubana. De acuerdo
con Werner, las sanciones y la política de Estados Unidos “hicieron casi
imposible que Estados Unidos realmente participara”.
En
cambio, los ciudadanos estadounidenses a quienes se les habían
nacionalizado propiedades en Cuba esperaban un cambio de régimen.
Mientras
tanto, Cuba negoció acuerdos sobre propiedades nacionalizadas con los
Gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, Francia, España y Suiza. En un
informe del Instituto Brookings, Feinberg caracterizó los acuerdos como
“no grandes”, señalando que Canadá iba a recibir 850 mil dólares del
Gobierno cubano.
Dos décadas inactivas
En
1996 el presidente Bill Clinton firmó la Ley LIBERTAD, también conocida
como Ley Helms-Burton en honor a sus patrocinadores republicanos, el
senador Jesse Helms (R-NC) y el congresista Dan Burton (R-IN), dando
nuevas esperanzas a quienes habían perdido propiedades debido a las
nacionalizaciones de Cuba.
La
Ley Helms-Burton codificó el embargo estadounidense (conocido como el
“bloqueo” en la isla) y amplió su alcance extraterritorial a través del
Título III al permitir demandas en tribunales estadounidenses contra
empresas que hagan negocios en Cuba.
“Las
empresas extranjeras son notoriamente temerosas ante litigios
estadounidenses”, dice Robert Muse, abogado radicado en Washington D.C.
que asesora empresas que hacen negocios en Cuba. “El plan era poner un
anillo alrededor de la isla, donde la inversión fuera tan potencialmente
peligrosa que nadie la emprendiera”.
Las
implicaciones extraterritoriales del Título III provocaron una reacción
internacional. La Unión Europea (UE) consideró la Helms-Burton una
violación al Derecho internacional y aprobó una resolución que obligaba a
las empresas de la UE a ignorar los fallos judiciales estadounidenses
basados en esta. Dos parlamentarios canadienses presentaron un proyecto
de ley parodia que pedía a los descendientes de los británicos que
huyeron a Canadá durante la Revolución de las Trece Colonias reclamar
propiedades “confiscadas” por el Gobierno de Estados Unidos.
Ante
amenazas de represalias por parte de la UE, Canadá y México, Clinton
suspendió el derecho a presentar demandas bajo el Título III durante
seis meses. Repetiría la suspensión cada seis meses hasta el final de su
presidencia, al igual que George W. Bush y Barack Obama.
En
2016 la activación del Título III parecía más improbable que nunca
después de que los negociadores estadounidenses y cubanos abordaran el
espinoso tema de las reclamaciones de la FCSC como parte de la histórica
distensión mediada por Obama y Raúl Castro.
“Nuestras
políticas se centran en apoyar a los cubanos en lugar de
perjudicarlos”, dijo Obama durante su visita a La Habana en marzo de
2016. “Por eso estamos fomentando los viajes, lo que tenderá puentes
entre nuestros pueblos”.
Durante la apertura, un torbellino de actividad empresarial estadounidense se extendió por Cuba.
Google
se asoció con la empresa de comunicaciones de Cuba para instalar
servidores en toda la isla. Decenas de miles de cubanos registraron sus
casas como alojamientos en Airbnb. Marriott abrió el primer hotel con
marca estadounidense en Cuba desde 1959. Y la franquicia Rápido y Furioso filmó una carrera de alta velocidad por las calles de La Habana.
Las
aerolíneas comerciales estadounidenses establecieron vuelos regulares y
las compañías de cruceros empezaron a llevar barcos llenos de
visitantes estadounidenses a ciudades cubanas.
“Aquellos
años en que los americanos venían aquí fueron los mejores para el
sector privado”, dice el chofer habanero David Sarzo con los ojos
iluminados. “A todo el mundo le iba bien, desde los taxistas hasta los
vendedores de maní”.
El
acercamiento con Cuba, incluidas las conversaciones sobre las
reclamaciones de la FCSC, llegó a su fin poco después de que Trump
asumiera la presidencia.
En
junio de 2017, Trump anunció el desmantelamiento de la política de
Obama hacia Cuba en un mitin en Miami. “Una Cuba libre es lo que
lograremos pronto”, declaró Trump ante el aplauso de los partidarios de
la línea dura en la política hacia Cuba, incluido el senador Marco Rubio
(R-FL), a quien Trump se refirió como su “amigo” apenas un año después
de satirizarlo como “Little Marco” durante las primarias de 2016.
Trump
desataría una serie de sanciones contra Cuba destinadas a destrozar su
economía, una política que Rubio afirma haber “diseñado directamente”.
Pero
durante casi dos años, Trump no tocó el Título III. “Solía decirles a
mis clientes que no se preocuparan por el Título III”, dice Muse. “Ha
estado inactivo durante veintitrés años. Si Bush no activó el Título
III, nadie lo hará”.
El Título III de Helms-Burton: ¿abriendo las puertas de la inundación?
Vallas publicitarias y canales ocultos
Después
de la elección de Trump, Mickael Behn unió fuerzas con Javier
García-Bengochea para presionar en busca de la implementación del Título
III.
“Mickael
y yo básicamente nos convertimos en socios igualitarios”, dice
García-Bengochea, quien había heredado de su primo una reclamación
certificada por la FCSC sobre una empresa que tenía una concesión para
operar en los muelles de Santiago de Cuba. “Tomamos decisiones de manera
conjunta, reunimos recursos, dividimos gastos y planificamos
estrategias juntos”.
García-Bengochea
había estado liderando lo que él mismo llama una “cruzada” por la
activación del Título III desde 2009, año en el que afirma haber
comenzado a defender la reclamación de su primo con la ayuda de
cabilderos del Cormac Group, con sede en Washington D.C.
“Me
llevaron a Washington para conocer a los jugadores sabiendo que no
habría ningún resultado excepto cuando el tema de Cuba estuviera en su
punto, entonces sabrían quién soy”, dice García-Bengochea.
García-Bengochea
creció en Gainesville, Florida, después de que sus padres se mudaran a
Estados Unidos en 1960 cuando tenía un año.
“Lo
perdimos todo”, dice, incluida una casa en Cuba en el exclusivo barrio
de Miramar, un rancho en el norte de Santiago, una granja lechera de 124
acres al oeste de La Habana, una cervecería cofundada por su abuelo
(quien también era ejecutivo de Bacardí) y una variedad de inversiones.
Hasta
la elección de Trump, García-Bengochea dice que fue una de las pocas
personas que cabildeaban sobre el tema de las reclamaciones de
propiedades en Cuba, el cual necesitaba “un campeón” para luchar en
nombre de los cubanoamericanos y otros ciudadanos estadounidenses a
quienes Cuba había expropiado.
García-Bengochea
insiste en que sus esfuerzos por buscar compensación por las
expropiaciones a su familia y a otras no fueron motivados por la promesa
de ganancias materiales, sino que representaron una “búsqueda” de
justicia que, en última instancia, beneficiaría a los cubanos al
resolverse las disputas sobre títulos de propiedad.
“Cuba
no tiene futuro hasta que resuelva el problema de la propiedad”, dice.
“Soy muy comprensivo con el pueblo cubano. Lo que intento hacer es
despejarles el camino para que cuando inicien un negocio, tengan un
marco legal”.
García-Bengochea
dice que sus esfuerzos comenzaron a cobrar fuerza cuando Behn se le
unió, junto a un banquero de Kentucky contratado en 2011 por Aphra Behn,
la madre de Behn, para administrar su fideicomiso familiar, así como
los asuntos de Havana Docks.
Los
correos electrónicos salidos a la luz en la demanda de Havana Docks
revelan que a lo largo de 2018 García-Bengochea y Behn presionaron para
que se implementara el Título III con la ayuda del exdiplomático Otto
Reich y los cabilderos del Grupo Cormac Jonathan Slade y José Cárdenas.
Los tres fueron contratados “como un paquete”, según Behn.
“La persona más importante de ese grupo era Reich”, dice García-Bengochea.
Reich
trabajó en las Administraciones de los presidentes Ronald Reagan y
George W. Bush. Se vio envuelto en una controversia durante el escándalo
Irán-Contras, que expuso cómo funcionarios de la Administración Reagan
vendieron armas secretamente a Irán para financiar al grupo rebelde de
derecha conocido como los Contras, acusados por organizaciones de
derechos humanos de cometer atrocidades contra civiles en Nicaragua. En
una carta dirigida a dos comités del Congreso, el contralor general de
Estados Unidos concluyó que Reich había supervisado “actividades de
propaganda encubiertas y prohibidas, diseñadas para influir en los
medios y el público” en apoyo a los Contras mientras dirigía la hoy
extinta Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado.
Reich
no fue acusado de ningún delito y niega haber actuado mal. Desde
entonces ha trabajado como cabildero y consultor, además de haber tenido
un breve período como Subsecretario de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental.
Reich,
que nació en Cuba y se fue con su familia poco después del triunfo de
la Revolución, dice que desde la década de los 90 ha abogado por el
Título III.
“Me
desagrada intensamente la gente que quiere hacer negocios con el
régimen cubano”, dice Reich. “Mis abuelos fueron asesinados por los
nazis. Y, francamente, lo considero el equivalente moral”.
¿La
historia de Sosthenes Behn de hacer negocios con la Alemania nazi hizo
que Reich y sus asociados del Grupo Cormac se cuestionaran trabajar para
el bisnieto de Behn?
“No
nos hizo quererlo”, afirma Reich. “Y recuerdo que Jonathan Slade, quien
es judío, no estaba seguro de querer aceptar a este cliente debido a
eso. Pero otras personas dijeron: ¿Vas a culpar [a Mickael Behn] por los
pecados de su abuelo? Así que supongo que decidió seguir adelante y
aceptar al cliente —y yo también”.
Reich
recomendó una campaña publicitaria vinculando el turismo en Cuba con el
apoyo al ejército cubano, y sugirió yuxtaponer “cruceros con
fotografías de manifestantes… siendo golpeados”.
Más
tarde Behn propondría atacar públicamente a las compañías de cruceros y
difundir rumores de acciones legales contra el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos.
“Incluso si ese no es el caso, atraerá la atención de los medios”, escribió Behn a Reich y García-Bengochea.
Además
de sus esfuerzos de cabildeo en Washington D.C., García-Bengochea y
Behn colaboraron con grupos conservadores cubanoamericanos de Miami como
el Directorio Democrático Cubano, el cual publicó anuncios de radio y
colocó vallas publicitarias para disuadir a la gente de tomar cruceros a
Cuba.
Desde
2016, el Directorio ha recibido más de 3 millones de dólares en
subvenciones financiadas con fondos federales de Estados Unidos para
“promover la libertad de información” en Cuba. La organización no es muy
conocida en la isla, pero es prominente en Miami, donde su secretario
nacional, Orlando Gutiérrez-Boronat, hace apariciones rutinarias en los
medios y es un habitual en los eventos a favor del embargo.
Gutiérrez-Boronat,
quien ha pedido una intervención militar en Cuba, se atribuyó el
crédito de la campaña de vallas publicitarias, pero fue financiada por
Behn y García-Bengochea.
En
un correo electrónico de mayo de 2018, García-Bengochea le escribió a
Behn que Gutiérrez-Boronat “reconoce de buena gana que nosotros estamos
financiando esta campaña y está dispuesto a hacer lo que queramos”.
“Hicimos
que las cosas se vieran feas para [las compañías de cruceros] desde el
punto de vista de las relaciones públicas”, dice García-Bengochea.
“Estos fueron esfuerzos sinérgicos para nosotros, impulsar los canales
ocultos por un lado, y que las mismas personas que estamos influyendo
vean las vallas y lean el periódico”.
En
junio de 2018 García-Bengochea y Behn participaron en una conferencia
de prensa con Gutiérrez-Boronat en el Museo y Biblioteca de la Brigada
2506, un edificio de Miami dedicado a recordar a los participantes en la
invasión de Bahía de Cochinos. El lugar estaba decorado con una bandera
con el mismo diseño de las vallas.
Un
año más tarde, los tres estaban afuera del tribunal federal después de
haberse presentado las primeras demandas del Título III mientras Behn
agradecía a “la comunidad de exiliados cubanos”.
Ni
Behn ni Gutiérrez-Boronat respondieron a las solicitudes de entrevista
para este reportaje. El abogado de Behn, Roberto Martínez, se negó a
hacer comentarios on the record.
El silencio de los cruceros: ¿hay vida después del 5J?
Provocando escalofríos en Cuba
En
2018 la Administración Trump comenzó a apretar las tuercas a Cuba
después del nombramiento del neoconservador John Bolton como asesor de
Seguridad Nacional y del cubanoamericano de línea dura Mauricio
Claver-Carone como director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el
Consejo de Seguridad Nacional. Bolton y Claver-Carone impusieron una
serie de sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que Bolton
denominó “la troika de la tiranía”.
“El juego cambió cuando Bolton fue nombrado asesor de Seguridad Nacional”, dice García-Bengochea.
Además
de sus afinidades ideológicas, Bolton y Reich se conocían desde la
década de los 80, cuando trabajaron juntos en la USAID.
Por
su parte, García-Bengochea dice que tenía una “relación personal” con
Bolton, quien una vez le había pedido dinero para un “PAC anti-Irán”
(PAC, Comité de Acción Política, por sus siglas en inglés). Pero
García-Bengochea dice que confiaba en Reich para comunicarse con la Casa
Blanca.
Reich descartó la idea de haber jugado un papel central en la implementación del Título III.
“John Bolton y Mauricio sentían lo mismo que yo”, dice Reich. “No necesitaban de lobby alguno, ni mío ni de nadie”.
No obstante, Reich hizo sentir su impacto en la Administración Trump en al menos una manera crucial.
“No
habría conocido el nombre [de Claver-Carone] si Otto no me lo hubiera
recomendado”, dice Bolton, quien en septiembre de 2018 nombró a
Claver-Carone como máximo funcionario para la política hacia
Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional. “Confié en el juicio
de Otto”.
A
principios de la década de 2000, Claver-Carone había ayudado a
revitalizar el lobby cubanoamericano. Con la ayuda de contribuciones de
campaña a través de su PAC U.S.-Cuba Democracy, trataba de persuadir a
legisladores de cambiar sus votos sobre medidas para aliviar las
sanciones a Cuba.
Trabajando
directamente bajo las órdenes de Bolton, Claver-Carone ya no tenía que
presionar a los responsables de la formulación de políticas: se
convirtió en el responsable de formularlas, no solo para Cuba sino para
todo el hemisferio.
“Había
dos cosas que era necesario hacer para demostrar que el presidente
hablaba en serio”, dice Claver-Carone. “Una con Venezuela y otra con
Cuba, y había que hacerlas enseguida”.
Con
el respaldo de Bolton, Claver-Carone dice que lo primero que hizo fue
imponer sanciones a PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, e
implementar el Título III.
“Necesitábamos hacer algo que nadie esperaba”, recuerda Claver-Carone.
“El
Título III iba a enviar un mensaje al Gobierno cubano de que este
presidente es un disruptor y no se sabe lo que va a hacer”. La
implementación del Título III también tenía como objetivo sofocar la
inversión en Cuba. “Iba a provocar escalofríos”, dice Claver-Carone.
“Envió un mensaje importante a las empresas extranjeras y a las empresas
estadounidenses de que ya no iban a salirse con la suya”.
Con Trump a bordo
Incluso
con Claver-Carone y Bolton presionando desde dentro de la Casa Blanca,
no había garantías de que Trump aprobara el Título III.
Originalmente
la disposición estaba dirigida a entidades extranjeras, pero desde la
distensión de Obama con Cuba las empresas con sede en Estados Unidos con
negocios en la isla, algunas con vínculos con Trump, serían vulnerables
a las demandas del Título III.
Antes
de ser presidente, el propio Trump había considerado invertir en Cuba.
Entre 1998 y 2015 ejecutivos de su empresa viajaron varias veces a la
isla, según informes de Newsweek y Bloomberg. En
un informe de 2009 publicado por la Oficina de Propiedad Industrial del
Gobierno cubano la marca Trump fue registrada para hoteles, casinos,
concursos de belleza, programas de televisión y campos de golf.
En
marzo de 2016 Trump dijo que estaría interesado en abrir un hotel en
Cuba “en el momento adecuado” y parecía dispuesto a aceptar la política
de acercamiento de Obama.
“Estoy
ok con la situación de Cuba, pero deberían llegar a un buen acuerdo”,
dijo Trump a donantes de campaña en su resort de Mar-a-Lago.
Trump
dio un giro radical en su política hacia Cuba poco antes de las
elecciones, pero mantuvo fuertes conexiones con las compañías de
cruceros que llevaban visitantes estadounidenses a la isla.
En
2018 y 2019, Carnival Corporation pagó más de un millón de dólares a
cabilderos con estrechos vínculos con Trump, incluidos el principal
recaudador de fondos del presidente, Brian Ballard; la exfiscal general
de Florida, Pam Bondi, quien defendió a Trump durante su juicio
político; y la cuñada de Bondi, Tandy Bondi.
“Hubo
un esfuerzo sostenido de lobby por parte de estos ejecutivos [de las
compañías de cruceros] que querían hacer negocios en Cuba”, dice
Claver-Carone.
A
fines de marzo de 2019 el presidente de Carnival, Micky Arison, envió
un mensaje a Trump pidiéndole hablar sobre la posible implementación del
Título III, que sometería a su empresa a “600 millones de dólares en
exposición legal”.
Posiblemente
el llamado de Arison haya llegado demasiado tarde, toda vez que Behn y
García-Bengochea habían pasado meses presionando a través de políticos
influyentes que tenían acceso directo al presidente.
Durante
quince años García-Bengochea había donado cientos de miles de dólares a
políticos demócratas y republicanos, incluidos Rubio y el representante
Mario Díaz-Balart (R-FL), quienes desempeñaron papeles clave en
presionar a Trump para que intensificara la guerra económica del
Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
“Trump
se remitió a Mario y Marco en todo lo relacionado con Cuba”, dice
García-Bengochea. Además de sus contribuciones a los legisladores,
García-Bengochea donó 35 mil dólares al PAC U.S.-Cuba Democracy de
Claver-Carone entre 2010 y 2016.
“Si
quieres tener acceso a los políticos, tienes que hacer contribuciones”,
dice García-Bengochea. “Y para obtener ese acceso es necesario recurrir
a los cabilderos. Intenta llamar a un congresista para concertar una
reunión. La probabilidad de que lo consigas es muy baja. Hay que pagar
por ese acceso”.
De
acuerdo con un documento judicial presentado como evidencia, en una
reunión de agosto de 2018 en el Grupo Cormac, García-Bengochea, Reich,
Slade y Cárdenas planearon una serie de visitas a algunos de los
políticos republicanos más destacados de Florida.
La
lista incluía a Díaz-Balart, el representante Carlos Curbelo (R-FL), el
representante John Rutherford (R-FL) y Ron DeSantis (quien se
desempeñaba como representante estatal antes de ser gobernador), junto
con el entonces líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch
McConnell, de Kentucky. Además se programaron “cafés de 10 mil dólares”
con Rubio “para asegurar [su] compromiso” y con el entonces gobernador
de Florida y actual senador Rick Scott “para permitirle reunirse y
conocernos a nosotros y a nuestra causa personalmente”.
Después
de que DeSantis fuera elegido gobernador, Rubio, Díaz-Balart, DeSantis y
Scott instaron en privado a la Administración a implementar el Título
III, según Bolton.
“Tuvieron
una reunión con el presidente”, dice Bolton. “Escucharlos a los cuatro
[el nuevo gobernador, los dos senadores del estado y Díaz-Balart] fue
una indicación bastante fuerte de que obtendríamos apoyo para el Título
III”.
Según
Claver-Carone, el respaldo de estos políticos de Florida resultó
“fundamental” para convencer a Trump de activar el Título III.
“Se
lo explicaron a Trump en términos que él podía entender”, dice
García-Bengochea. “Le dijeron: ‘Imagínese que usted construye un hotel
[en Cuba] y el Gobierno cubano lo echa y viene una empresa española y
empieza a administrar su hotel y su propiedad’. Eso resonó con Trump”.
El
17 de abril de 2019, aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos,
John Bolton anunció la implementación del Título III. “Los
estadounidenses a quienes les han robado en Cuba sus propiedades ganadas
con tanto esfuerzo finalmente podrán presentar una demanda”, dijo
Bolton en un evento en honor a la Brigada 2506 en Miami. El mes
siguiente, Scott recibió donaciones de Behn por 2 mil dólares, de Slade
por 2 mil dólares y de Reich por mil dólares.
Desde
2018 García-Bengochea le ha dado 13 100 dólares a Rubio y 10 600 a
Díaz-Balart; Slade le ha dado 4 mil dólares a Rubio y 1 500 dólares a
Díaz-Balart; y Reich le ha dado 3 850 dólares a Rubio.
García-Bengochea
atribuye la implementación del Título III a sus esfuerzos de cabildeo y
a la campaña publicitaria de Behn y suya.
“Pudimos
reunir nuestros recursos y, en última instancia, conectarnos con la
Administración Trump para activar el Título III”, dice García-Bengochea.
“Todos los que han demandado [bajo el Título III] nos lo deben. Hicimos
esto por ellos y ellos lo saben”.
Claver-Carone
insiste en que el impulso para implementar el Título III vino desde
dentro de la Casa Blanca en el Consejo de Seguridad Nacional.
“El embajador Bolton no necesitaba que lo convencieran”, dice Claver-Carone.
Aun
así, Claver-Carone atribuye la política de línea dura de Trump hacia
Cuba a un esfuerzo coordinado que involucra a influyentes
cubanoamericanos y políticos de Florida.
“Rubio,
Díaz-Balart, Otto y yo, todos estamos en la misma página”, dice
Claver-Carone. “Todos somos amigos y todos hablamos entre nosotros y con
otros que no son cubanoamericanos como el gobernador DeSantis, el
senador Scott y el embajador Bolton. Somos una comunidad muy unida. Nos
ayudamos unos a otros. Si Marco se topara con un obstáculo que no puede
superar, yo lo ayudaría y Marco me ayudaría a mí. Hemos tenido éxito en
los objetivos políticos porque lo hicimos como equipo”.
Más incertidumbres para el sector privado en Cuba
Turismo ilegal
La
activación del Título III dio lugar a decenas de demandas contra
empresas de países de todo el mundo. Más de dos docenas de empresas
estadounidenses han sido demandadas, incluidas Amazon, Expedia,
Mastercard y American Airlines, entre otras.
Inicialmente, los expertos legales daban un pronóstico desalentador para las demandas.
“No era la intención de la ley Helms-Burton perseguir a las empresas estadounidenses con negocios legales en Cuba”, dijo a El Nuevo Herald George
Fowler, abogado que asesora a Carnival y director legal de la Fundación
Nacional Cubano-Americana. “Pueden intentarlo, pero yo llevo cuarenta
años aquí y les digo: ‘buena suerte’”.
La
predicción de Fowler resultó correcta… al principio. En los últimos
tres años, la gran mayoría de las demandas se han prolongado o han sido
desestimadas, incluida la de García-Bengochea contra las líneas de
cruceros, aunque se ha reportado que al menos un caso del Título III ha
llegado a un acuerdo.
“El
objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino a veces
simplemente crear mucho ruido y ahuyentar a los inversionistas [de
Cuba]”, dice Biniowsky. “No importa cuán meticuloso seas, aun así no
estás seguro de que algún exiliado cubano salga de la nada y te demande
en un tribunal de Miami diciendo que alguna propiedad que estás usando
en Cuba pertenecen a su tío”.
El caso de Mickael Behn era más sólido que otros, pero enfrentaba desafíos importantes.
Dado
que el Título III prohibía las demandas contra empresas que hacían
viajes legales a Cuba, las líneas de cruceros argumentaron que no podían
ser responsables de actividades que el propio presidente Obama había
bendecido.
Además,
sostuvieron que Havana Docks nunca fue propietaria de los muelles, ni
de los edificios que la empresa construyó en ellos. Un decreto de 1920
que extiende la concesión de Havana Docks para operar un negocio de
carga en los muelles estipula que la compañía estaba obligada a devolver
la propiedad al Gobierno cubano en 2004, más de una década antes de que
los cruceros comenzaran a llevar visitantes estadounidenses a La
Habana.
Además,
el arrendamiento que tenía Havana Docks sobre el puerto no era
exclusivo, según Ambar Díaz, una especialista en Derecho marítimo
radicada en Miami que fue contratada por las compañías de cruceros.
El
derecho de Havana Docks a operar su negocio de carga “no tenía nada que
ver con el derecho del Gobierno cubano a permitir que barcos de
pasajeros atracaran en los muelles para el transporte de pasajeros”,
escribió Díaz en un informe de 36 páginas.
Sin
embargo, la jueza Bloom rechazó los argumentos sobre el arrendamiento
limitado de Havana Docks apelando al lenguaje de la Ley de Resolución de
Reclamaciones Internacionales, que establece que las decisiones de la
FCSC “serán definitivas y concluyentes en todas las cuestiones de hecho y
de derecho, y no estarán sujetas a revisión… por ningún tribunal”.
Bloom
también sostuvo que las compañías de cruceros habían violado las
regulaciones estadounidenses al permitir que sus pasajeros hicieran
turismo.
Incluso
cuando los pasajeros se pasaban todo el día en actividades permitidas,
como interactuar con artistas locales en La Habana Vieja o visitar un
proyecto comunitario en un barrio de clase trabajadora, terminar su día
viendo un espectáculo en el Cabaret Tropicana sería violar la ley.
Bloom
escribió que las excursiones nocturnas violaban las regulaciones
estadounidenses porque eran “‘actividades turísticas’,
independientemente de si las actividades diurnas no lo eran”.
La silenciosa partida del Norwegian Sky
¿Quién paga el precio?
Mientras
Behn y los demás accionistas de Havana Docks esperan una enorme
ganancia inesperada, el pueblo cubano enfrenta una terrible crisis
económica que ha llevado a más de 300 mil personas a emigrar a Estados
Unidos durante los últimos dos años.
Hace
seis años La Habana Vieja estaba repleta de visitantes estadounidenses.
Ahora es difícil encontrar uno. Los alojamientos han cerrado. Muchos
restaurantes están vacíos y la terminal de cruceros suele estar
desolada.
En
un artículo de opinión conjunto de 2019, Behn y García-Bengochea
atacaron la política de Obama de acercamiento con Cuba, calificando su
Administración de “irresponsable y pervertida” y acusando a los cruceros
de violar la ley estadounidense para beneficiarse del “trabajo esclavo”
cubano.
Pero muchos trabajadores del sector privado en Cuba tienen un recuerdo diferente de los acontecimientos.
“Los
años de Obama fueron realmente buenos para nosotros”, dice Víctor
Estévez, un camarero que intenta atraer clientes a la entrada de un
restaurante en La Habana Vieja.
No
solo el sector minorista se ha visto afectado por el Título III y el
aumento de las sanciones estadounidenses. Biniowsky tenía una próspera
práctica jurídica en La Habana asesorando a decenas de empresas
interesadas en invertir en Cuba. Hace dos años se mudó a Vancouver,
Canadá.
“Perdí
a casi todos mis clientes”, dice Biniowsky. “Perdí a mis clientes
estadounidenses cuando quedó claro que Trump había llegado a un acuerdo
con Marco Rubio. Y después perdí a los clientes no estadounidenses, los
canadienses y los europeos, con la implementación del Título III. Veían
el potencial económico de la isla, pero no podían correr el riesgo”.
Nueve
días antes de dejar el cargo, Trump asestó un golpe de gracia a Cuba
colocándola en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, a
pesar del consenso entre las agencias de inteligencia estadounidenses de
que Cuba no patrocina el terrorismo. La designación ha disuadido aún
más a empresas y bancos extranjeros a no relacionarse con Cuba.
Aislada
de la inversión y el crédito internacionales, Cuba no estaba preparada
para enfrentar los impactos económicos de la COVID-19 y la guerra en
Ucrania. La isla ha sido devastada por la escasez de alimentos,
medicinas, combustible y repuestos para su envejecida infraestructura
energética.
“Cuba
necesita desesperadamente inversiones de capital y yo tenía una larga
lista de empresas que querían invertir en producción de alimentos,
turismo, infraestructura, aeropuertos y transporte”, dice Biniowsky.
“Toda esta inversión habría tenido un impacto enormemente positivo en la
economía cubana y el bienestar económico del pueblo cubano”.
En
2020 Biden hizo campaña sobre una “nueva política hacia Cuba”. Pero dos
años después de llegar a la presidencia, su enfoque hacia la isla sigue
siendo en gran medida indistinguible del de su predecesor. “La gente
tenía fe en que Biden cambiaría las cosas porque contaba con el apoyo de
Obama, pero nunca sucedió”, lamenta Sarzo, el taxista habanero. “Biden
ha mantenido la política de Trump con los cruceros y con todo lo demás”.
Biden
ha reabierto el Consulado y levantado algunas restricciones a los
viajes y las remesas, pero ha dejado vigentes algunas de las sanciones
más duras, incluidas el Título III y la designación de Cuba como Estado
patrocinador del terrorismo.
“La
Administración Biden no solo está mostrando poco interés en Cuba, sino
que está mostrando que no sabe mucho sobre Cuba”, dice Muse.
“Básicamente, no les importa. No creo que haya ninguna consideración
activa sobre suspender el Título III”.
Incluso
si Biden suspende el Título III, las demandas presentadas en virtud de
la disposición no pueden verse afectadas retroactivamente.
En
noviembre pasado, García-Bengochea, cuyo caso había sido desestimado en
2020 por un juez federal de Miami, perdió en el Tribunal de Apelaciones
del 11º Circuito, que dictaminó que había adquirido la propiedad
mediante herencia después del plazo de 1996.
Mientras tanto, las cuatro compañías de cruceros han apelado el fallo de la jueza Bloom ante el Circuito 11.
Cualquiera sea la suma que finalmente paguen las compañías de cruceros, el pueblo cubano ya está pagando un alto precio.
“Tenemos
tantos problemas aquí debido al bloqueo”, dice Estévez refiriéndose a
la red de sanciones estadounidenses que separa a la isla del resto del
mundo. “En este momento la política de Estados Unidos hacia Cuba solo
está ayudando a dos o tres personas que son los que están viviendo de
eso”.
*Reed Lindsay y Daniel Montero son periodistas de Belly of the Beast, un
galardonado medio de comunicación con sede en Estados Unidos que cubre
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sus documentales, reportajes
en vídeo y otros trabajos se pueden seguir en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.
**Este texto fue publicado originalmente en inglés en el diario Miami New Times. Esta traducción fue revisada por sus autores y se publica con su autorización.
Fuente: https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/a-plena-luz-y-en-la-sombra-lo-profundo-de-la-campana-de-lobby-para-aplastar-la-inversion-en-cuba/
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